El presidente y el expresidente del Comisariado Ejidal permanecen detenidos en medio de un conflicto por tierras y explotación minera. Los ejidatarios denuncian que el contrato para el uso de sus tierras venció y no ha sido renovado y señalan el presunto uso de explosivos sin el permiso correspondiente
Zimapán, Hidalgo.— 11 de julio de 2026.
Ejidatarios de San Miguel Detzaní, hoy Benito Juárez, municipio de Zimapán, Hidalgo, solicitan la intervención urgente de las autoridades federales, estatales y municipales ante la escalada de un conflicto relacionado con la explotación minera, el uso de tierras ejidales, contratos vencidos, adeudos económicos, transporte de mineral y procedimientos penales contra representantes de la comunidad.
De acuerdo con testimonios y documentación entregados a los medios de comunicación, los integrantes de la comunidad sostienen que el contrato mediante el cual se permitía el uso de tierras ejidales para actividades vinculadas con la explotación minera ya venció y no ha sido renovado.
Los ejidatarios denuncian que, pese a ello, continúan realizándose actividades de extracción de mineral.
Asimismo, afirman que existen pagos de renta pendientes y que han recibido presiones encaminadas a obligarlos a renovar el contrato.
Estas afirmaciones corresponden a denuncias formuladas por integrantes de la comunidad y deben ser verificadas documentalmente por las autoridades agrarias, mineras y judiciales competentes.
Denuncian extracción de mineral y presunto uso de explosivos sin permiso
Los ejidatarios denuncian además un hecho que, por su posible gravedad, requiere una verificación inmediata de las autoridades federales.
Según la información proporcionada, en el lugar donde actualmente se extrae mineral se estarían utilizando explosivos sin contar, presuntamente, con el permiso correspondiente.
La regulación federal contempla específicamente permisos para la compra, almacenamiento y consumo de explosivos en la industria minera, cuya materia corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por ello, los ejidatarios solicitan la intervención inmediata de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para determinar:
si existe un permiso vigente para el uso de explosivos;
a nombre de qué persona física o moral fue expedido;
qué ubicación y actividades ampara;
qué tipo y cantidad de material explosivo están autorizados;
quién es responsable de su almacenamiento y consumo;
y si las detonaciones denunciadas se realizan dentro de las condiciones establecidas en el permiso correspondiente.
La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos es la instancia de Defensa vinculada con los requisitos, formatos y trámites de control de explosivos.
La comunidad solicita una inspección inmediata antes de que ocurra un accidente o un hecho irreparable.
El contrato con los ejidatarios venció y no ha sido renovado
El segundo punto central del conflicto es la situación jurídica de las tierras.
Los ejidatarios sostienen de manera expresa que el contrato relacionado con el uso de sus tierras ya venció y no ha sido renovado.
Según su denuncia, pese a la ausencia de un contrato renovado, continúan las actividades relacionadas con la extracción de mineral.
Los integrantes de la comunidad afirman además que se les adeudan pagos derivados de la renta previamente acordada y denuncian presiones para que acepten la renovación contractual.
Por ello solicitan la intervención inmediata de la Procuraduría Agraria para revisar el contrato original, su fecha de terminación, las actas de asamblea ejidal, la existencia o inexistencia de una renovación válida y cualquier documento mediante el cual se pretenda justificar actualmente el uso de las tierras.
La pregunta jurídica es concreta:
¿Con qué título, contrato, convenio o autorización ejidal vigente se realizan actualmente actividades de extracción o explotación en las tierras denunciadas por los ejidatarios?
Si existe un instrumento vigente, las autoridades deben identificarlo y verificar su legalidad.
Si no existe, deberá determinarse bajo qué fundamento continúan las actividades denunciadas.
El conflicto de la mina Balcones
Otro de los puntos de tensión se encuentra en la denominada mina Balcones.
Según la versión proporcionada por la comunidad, transportistas vinculados con el ejido realizaban trabajos de acarreo de mineral, pero suspendieron sus actividades debido a desacuerdos relacionados con los pagos y las tarifas de transporte.
Los transportistas presentaron un escrito para solicitar una revisión del pago por acarreo.
Posteriormente se sostuvieron conversaciones encaminadas a determinar cuánto se pagaría a los camioneros y, según los testimonios, se elaboró un acuerdo que las partes se comprometieron a respetar.
Los ejidatarios afirman que dicho acuerdo no fue cumplido.
Según su relato, posteriormente fueron enviados vehículos vinculados con una empresa identificada por los denunciantes como “Silvana” para retirar mineral de la mina Balcones.
Los vehículos habrían realizado seis viajes y se disponían a efectuar otros seis cuando integrantes de la comunidad impidieron su salida.
Los ejidatarios sostienen que la retención de los vehículos ocurrió después del presunto incumplimiento de los acuerdos y con el propósito de exigir un diálogo.
Detenidos el presidente y el expresidente del Comisariado Ejidal
Después de estos acontecimientos se presentó una denuncia penal en la que presuntamente se atribuyeron agresiones, amenazas o insultos a integrantes de la comunidad.
Los ejidatarios niegan que las agresiones hayan ocurrido en los términos denunciados.
Reconocen que pudo existir una discusión verbal derivada del presunto incumplimiento de los acuerdos, pero rechazan haber cometido las conductas que, según su versión, posteriormente les fueron atribuidas.
En este contexto, el lunes 6 de julio de 2026, aproximadamente a las 19:30 horas, en Zimapán, Hidalgo, fueron detenidos:
Ramón Ramos Alamilla, presidente del Comisariado Ejidal de San Miguel Detzaní, hoy Benito Juárez.
Martín Reséndiz Ramírez, expresidente del Comisariado Ejidal de la misma comunidad.
Ambos continúan detenidos al 11 de julio de 2026, de acuerdo con la información proporcionada a La Carpeta Púrpura por personas vinculadas con la comunidad.
La detención simultánea del actual presidente y del expresidente del Comisariado Ejidal ha generado una profunda preocupación entre los habitantes.
No solamente por la situación jurídica individual de los dos detenidos.
Sino porque las detenciones ocurren en medio de un conflicto activo por tierras ejidales, un contrato que la comunidad afirma está vencido y no ha sido renovado, adeudos económicos, extracción de mineral, retención de vehículos y denuncias sobre el presunto uso de explosivos sin permiso.
¿Investigación penal o criminalización de la defensa del territorio?
Es indispensable formular una pregunta pública:
¿Las detenciones de Ramón Ramos Alamilla y Martín Reséndiz Ramírez corresponden a la investigación ordinaria de delitos individualizados y sustentados en pruebas verificables, o existe un posible uso del aparato penal como mecanismo de presión dentro de un conflicto agrario y minero?
La condición de autoridad ejidal no concede inmunidad penal.
Pero el derecho penal tampoco puede ser utilizado para obligar a una comunidad a renovar un contrato, abandonar la defensa de sus tierras o aceptar determinadas condiciones económicas.
La respuesta debe encontrarse en la evidencia.
Por ello deben revisarse la carpeta de investigación, las órdenes judiciales correspondientes, los dictámenes periciales, las declaraciones de los denunciantes y testigos, el Informe Policial Homologado, el Registro Nacional de Detenciones y las actuaciones del Ministerio Público.
Riesgo inmediato de confrontación
La comunidad ha advertido sobre la posibilidad de una confrontación entre trabajadores o personas vinculadas con las operaciones mineras y los ejidatarios.
Existe una acumulación de factores de riesgo:
un conflicto por tierras; un contrato presuntamente vencido y no renovado; pagos reclamados; extracción de mineral denunciada por la comunidad; presunto uso de explosivos sin permiso; vehículos retenidos; un plantón comunitario; amenazas denunciadas; y la detención del presidente y del expresidente del Comisariado Ejidal.
Esperar a que ocurra una confrontación para intervenir sería actuar demasiado tarde.
PETICIÓN URGENTE DE PROTECCIÓN
Los ejidatarios solicitan la intervención inmediata de las autoridades para:
- Garantizar la vida, integridad y seguridad de los integrantes de la comunidad y evitar cualquier confrontación.
- Establecer presencia institucional preventiva y neutral en la zona.
- Garantizar la integridad y el debido proceso de Ramón Ramos Alamilla y Martín Reséndiz Ramírez, quienes permanecen detenidos.
- Revisar de manera independiente las carpetas de investigación y las pruebas utilizadas contra ambos representantes ejidales.
- Solicitar a la Procuraduría Agraria la revisión inmediata del contrato que, según los ejidatarios, venció y no ha sido renovado.
- Determinar con qué título jurídico o autorización ejidal vigente continúan las actividades de extracción denunciadas.
- Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional una inspección y verificación urgente sobre el presunto uso de explosivos en las actividades mineras denunciadas.
- Verificar la existencia, vigencia, titular y alcance de cualquier permiso relacionado con la compra, almacenamiento y consumo de material explosivo.
- Verificar las concesiones, autorizaciones mineras y permisos ambientales aplicables a las operaciones denunciadas.
- Instalar inmediatamente una mesa de diálogo con autoridades, representantes legítimos del ejido y representantes legalmente acreditados de las empresas involucradas.
LAS AUTORIDADES YA ESTÁN ADVERTIDAS
Esta denuncia tiene una finalidad preventiva.
Evitar una confrontación.
Evitar nuevas detenciones arbitrarias, si las hubiera.
Evitar agresiones.
Evitar que el conflicto escale.
Y evitar que el posible uso irregular de explosivos produzca un accidente o una tragedia.
San Miguel Detzaní, hoy Benito Juárez, no necesita una investigación después de una tragedia.
Necesita una intervención institucional antes de que ocurra.
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