Por Jorge Ciervo
Ni pierdan el tiempo en ir a votar pasado mañana… Toda esa elección ya fue declarada ilegal y quienes vayan a votar pueden ser declarados “terroristas” o cómplices de los mismos… y la elección se está llevando en desacato a órdenes judiciales… Aquí la información judicial:
resumen ejecutivo:
1. Los cárteles mexicanos ya fueron declarados organizaciones terroristas.
2. ¿Qué tiene esto que ver con la reforma judicial mexicana ?
Partes clave de la campaña para la reforma judicial en México fueron financiadas por estructuras asociadas al narcotráfico.
• El dinero provino de empresas fachada en Panamá, triangulaciones desde el CJNG y estructuras financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Esto es lo que informa Simón Levy:
Muchos me han preguntado insistentemente qué va a suceder con la reforma judicial.
Hoy, con base en documentos oficiales, normativa que te compartiré y datos ya confirmados con información que YA OBRA en el Departamento de Justicia y de Estado de EE.UU., comparto lo que está ocurriendo y lo que sucederá en las próximas semanas y meses, a partir del domingo 1 de junio de 2025.
Este texto da continuidad al publicado el 19 de mayo de 2025 titulado: “La hora cero de la reforma judicial en México”
Este documento NO ES una opinión, no es un análisis político, es un factual jurídico con información verificada.
1. Los cárteles mexicanos ya fueron declarados organizaciones terroristas.
En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, designó oficialmente a seis cárteles mexicanos como “Foreign Terrorist Organizations (FTO)” conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), con respaldo de la Ley Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996 (AEDPA). Los grupos incluidos en esta designación son: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Esta decisión amplía el marco legal estadounidense para perseguir penalmente a individuos o entidades que proporcionen apoyo material, financiamiento o legitimación a estas organizaciones, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Fuente: 
https://state.gov/…/designacion-de-carteles…/
Esto significa que cualquier persona, empresa o institución que brinde apoyo material —directo o indirecto— a estas organizaciones puede ser legalmente perseguida bajo las leyes estadounidenses:
18 U.S.C. § 2339B (apoyo material a organizaciones terroristas),
Patriot Act (transacciones financieras ilícitas),
IEEPA (sanciones económicas internacionales).
2. ¿Qué tiene esto que ver con la reforma judicial mexicana ?
Partes clave de la campaña para la reforma judicial en México fueron financiadas por estructuras asociadas al narcotráfico.
• El dinero provino de empresas fachada en Panamá, triangulaciones desde el CJNG y estructuras financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa.
3. Lo que ya tiene documentado el gobierno de EE.UU.
Fuentes del Departamento de Estado, Departamento de Justicia (DOJ), y agencias como la DEA y OFAC ya tienen documentado que el financiamiento de la campaña para la reforma judicial mexicana ha sido parcialmente proporcionado por estructuras vinculadas a los cárteles designados como terroristas.
Estas incluyen:
Transferencias trianguladas desde empresas fachada en Panamá y Belice.
Apoyos logísticos para campañas de difusión desde cuentas vinculadas al CJNG.
Financiación encubierta de asesores, encuestadores y promotores judiciales.
Todos estos elementos ya están en poder de las autoridades estadounidenses, como parte de una investigación formal por apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.
4. ¿Quiénes son los operadores internos que revelan la ruta del dinero en varias operaciones?
Esta red no es invisible: tiene nombre y apellido.
Aquí están algunos de los rostros postulados al sistema judicial mexicano con vínculos comprobados al narcotráfico, el crimen organizado y redes criminales internacionales:
Fernando Escamilla Villarreal → Defensor de “Z-40” y operadores de Los Zetas.
Francisco Herrera Franco → Exfiscal de Michoacán, señalado por nexos con grupos criminales y asesinatos de periodistas.
Silvia Rocío Delgado → Exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Leopoldo Javier Chávez Vargas → Exconvicto en Texas por tráfico de metanfetaminas.
Jesús Humberto Padilla Briones → Detenido en 2023 con cristal y armas.
Edgar Rodríguez Beiza y Francisco Martín Hernández Zaragoza → Ambos acusados de abuso sexual; hoy buscan cargos judiciales.
José Refugio Rodríguez Núñez → Investigado por vínculos con el narcotráfico.
Julio Veredín Sena, Conrado Alcalá Romo, Enrique Hernández Miranda, López Aníbal Castro Borbón → Todos con antecedentes o señalamientos de colaboración con redes delictivas.
A esto se suman los candidatos con nexos con la red de La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado en EE.UU. por abuso infantil y crimen organizado:
Eluzai Rafael Aguilar,
Karina Sánchez,
Cesia Keren León,
Cinthia Guadalupe Teniente,
Madián Sinaí Menchaca Sierra,
Betzabé Almazán.
5. ¿Qué hará Estados Unidos legalmente?
Con base en su legislación vigente, Estados Unidos hará lo siguiente:
Emitirá sanciones personales y económicas contra promotores de la reforma judicial mexicana vinculados a estructuras criminales o religiosas asociadas al narco.
Invalidará toda cooperación institucional con el sistema judicial reformado, al considerarlo infiltrado por actores terroristas.
Perseguirá judicialmente a ciudadanos estadounidenses o residentes legales que hayan participado en este proceso, incluyendo consultores, encuestadores, asesores jurídicos o promotores en redes.
Suspenderá tratados bilaterales con México —en materia judicial, de seguridad o migratoria— si se determina que la nueva Corte ha sido capturada por el crimen organizado.
Este no es un escenario futuro: es el presente que ya se está construyendo desde Washington.
Comparto esta información porque creo en la obligación cívica de hacer públicos los hechos verificables, porque el conocimiento no debe concentrarse en quienes ya tienen poder, sino en quienes más lo necesitan para defenderse.
La información pertenece a la ciudadanía.
Y en momentos como este, callar sería una forma de complicidad.
Que cada quien juzgue con base en los hechos.
Porque la verdad no necesita permiso. Solo necesita ser dicha.