Nos acaban de enviar este documento (vea abajo el video con la explicacion que da el periodista Pedro Ferriz de Con) :
Con base en reportes cruzados de inteligencia, cooperación interinstitucional y análisis de fuentes clasificadas en el ámbito bilateral, se confirma la existencia y reciente activación de una herramienta operativa del gobierno de los Estados Unidos, denominada informalmente como la “Lista Marco”, en referencia a su arquitecto principal, el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Esta lista integra a 44 actores políticos, administrativos y militares mexicanos, en funciones o retiro, identificados por agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas como presuntos colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones delictivas transnacionales, particularmente los principales cárteles de droga mexicanos y redes paralelas de contrabando fiscal, energético y financiero.
La “Lista Marco” no forma parte de ningún acuerdo de cooperación binacional suscrito con México. Su existencia está fundamentada en instrumentos jurídicos de seguridad interior estadounidenses, como la Ley Patriótica (Patriot Act), la Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y el marco legal de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). La lista opera de manera discrecional bajo la conducción táctica del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Homeland Security Investigations (HSI), DEA, FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo cual le otorga capacidad de ejecución inmediata, sin necesidad de cooperación judicial con México.
Las medidas derivadas de esta lista incluyen:
1. Cancelación inmediata de visas personales, diplomáticas o de negocios, incluyendo familiares directos de los señalados.
2. Interrogatorios prolongados y retención administrativa en puntos de ingreso a EE. UU.
3. Congelamiento preventivo de cuentas, propiedades y operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense y aliados.
4. Notificaciones confidenciales al Gobierno de México bajo los Acuerdos de Cooperación en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera.
5. Inhabilitación futura para participar en operaciones económicas con instituciones con sede en EE. UU.
Los primeros efectos tangibles de esta política se observaron en la cancelación de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, el empresario Carlos Torres, señalado por operar redes de financiamiento político vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por su presunta participación en esquemas de lavado de activos a través de licitaciones públicas, contratos de infraestructura y triangulación de recursos en Baja California, Sinaloa y Sonora.
Posteriormente, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue interceptado junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville, Texas, y sometido a un interrogatorio de más de 14 horas. Todos fueron notificados formalmente de la revocación de sus visas, bajo la acusación de colaborar con una estructura municipal considerada “entidad asociada a organización terrorista extranjera”. Dicha calificación se atribuye al presunto control del Cártel del Golfo sobre diversas áreas del ayuntamiento, incluida la policía local, la dirección de obras públicas y el manejo de recursos sociales.
El patrón de sanciones sugiere una ejecución progresiva y selectiva sobre actores vinculados principalmente con el partido político en el poder (Morena), aunque también figuran perfiles de otras corrientes partidistas con presencia regional.
Entre los nombres más relevantes que integran la “Lista Marco” se encuentran:
Gobernadores activos: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León).
Exgobernadores y líderes del Congreso: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado), Adán Augusto López (Diputados).
Funcionarios del gabinete federal: Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública), Clara Luz Flores (Secretaría de Gobernación – Asuntos Religiosos), Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE).
Militares señalados: Cuatro generales en situación de retiro o activo, todos con antecedentes en inteligencia táctica, logística antidrogas o despliegues en operativos conjuntos México-EUA.
A nivel municipal, se identifican casos como:
Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, vinculado al financiamiento ilegal de campañas a través del clan Carmona.
Erasmo González, de Ciudad Madero, investigado por manejo de contratos públicos para lavado de activos.
Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, por presuntos vínculos con redes de tráfico humano hacia El Paso, Texas.
César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, por supuesta participación en operaciones de trasiego de armas y combustible ilegal.
Fuentes directas indican que el exfiscal general de Baja California, habría entregado documentación y declaraciones juradas ante autoridades estadounidenses sobre las actividades de Carlos Torres y otros operadores financieros de la gobernadora Ávila. Ruiz Hernández, quien fue obligado a dimitir en 2021 tras amenazas presuntamente coordinadas desde la oficina del Ejecutivo estatal, se encuentra actualmente fuera del país. A esta colaboración se suma la del senador Jaime Bonilla Valdez, también exgobernador y ciudadano estadounidense, quien ha intervenido con declaraciones públicas y denuncias presentadas ante oficinas federales en Washington, D.C.
En cuanto a las operaciones de financiamiento ilegal, la información disponible vincula a al menos 15 de los 44 perfiles enlistados con aportaciones económicas de origen ilícito relacionadas con el “huachicol fiscal” y contrabando transfronterizo de gasolina desde Texas. Estas operaciones fueron encabezadas por Sergio Carmona Angulo, empresario asesinado en 2021 en Nuevo León, a quien las agencias estadounidenses consideran principal mecenas financiero del aparato electoral de Morena en el noreste del país, incluyendo Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Coahuila.
La gravedad de estos acontecimientos excede el ámbito de relaciones exteriores y se posiciona como una emergencia en materia de seguridad nacional, por su impacto directo en:
Estabilidad política en estados clave donde operan redes criminales con influencia en gobiernos locales.
Coherencia institucional del aparato de justicia y seguridad, al ser señalados funcionarios de alto rango.
Riesgo de fragmentación interna en el partido gobernante, ante la percepción de exposición selectiva.
Potencial de intervención indirecta en procesos electorales federales o locales, mediante presión diplomática, filtraciones o cancelaciones de derechos migratorios.
Escalada en el discurso de legitimación de acciones militares unilaterales, bajo el pretexto de combate a organizaciones terroristas extranjeras.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado públicamente que la conversación sostenida el 1 de mayo con el presidente Donald Trump fue de tono tenso y con exigencias consideradas “inaceptables”, entre ellas la presencia de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano y la entrega de políticos mexicanos con presuntos vínculos criminales.
Aquí explican la “Lista Marco” y otras cosas que cambiaron para siembre, desde el sábado pasado, el 10 de mayo, la relación entre México y Estados Unidos…
Sheinbaum está absolutamente desinformada y pronto habrá una lista importante de extraditables, entre los que está el propio ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien “muerto de miedo” sigue viviendo en Cuba, afirma el periodista Pedro Ferriz de Con
PRIMERO VIENE EN INGLES Y DESPUES ABAJO ESTA TRADUCIDO AL ESPAÑOL
LA INFORMACION ESTA INTERESANTE
Based on cross-referenced intelligence reports, interagency cooperation, and classified source analysis in the bilateral sphere, the existence and recent activation of an operational tool of the United States government is confirmed. Informally known as the “Marco List,” this tool is named after its chief architect, current U.S. Secretary of State Marco Rubio. The list includes 44 Mexican political, administrative, and military actors—both active and retired—identified by U.S. security and intelligence agencies as alleged collaborators, beneficiaries, or protectors of transnational criminal organizations, particularly major Mexican drug cartels and parallel smuggling networks in fiscal, energy, and financial sectors.
The “Marco List” is not part of any binational cooperation agreement signed with Mexico. Its existence is grounded in U.S. domestic security legal instruments, such as the Patriot Act, the Foreign Terrorist Organizations (FTO) designation law, and the legal framework of the Office of Foreign Assets Control (OFAC). The list operates at the discretion of the U.S. Department of State, in coordination with the Department of Justice, Customs and Border Protection (CBP), Homeland Security Investigations (HSI), DEA, FBI, and OFAC, giving it immediate execution capabilities without requiring judicial cooperation from Mexico.
Measures stemming from this list include:
Immediate cancellation of personal, diplomatic, or business visas, including for direct family members of those listed.
Prolonged interrogations and administrative detainment at U.S. entry points.
Preventive freezing of bank accounts, properties, and financial transactions within the U.S. banking system and allied institutions.
Confidential notifications to the Mexican government under Financial Intelligence Exchange Cooperation Agreements.
Future disqualification from participating in economic operations with U.S.-based institutions.
The first tangible effects of this policy were seen in the visa cancellation of Baja California Governor Marina del Pilar Ávila and her husband, businessman Carlos Torres, who is accused of operating political financing networks linked to the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) and alleged money laundering through public bids, infrastructure contracts, and resource triangulation in Baja California, Sinaloa, and Sonora.
Subsequently, Matamoros Mayor Alberto Granados Favila was intercepted with seven collaborators at the Brownsville, Texas port of entry and subjected to over 14 hours of questioning. All were formally notified of their visa revocations under accusations of collaborating with a municipal structure considered an “entity associated with a foreign terrorist organization.” This designation stems from the alleged control of the Gulf Cartel over multiple municipal areas, including local police, public works, and social resource management.
The pattern of sanctions suggests a progressive and selective execution, primarily targeting actors linked to the ruling political party (Morena), though individuals from other regional parties are also included.
Notable names on the “Marco List” include:
Active Governors: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León).
Former Governors and Congressional Leaders: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senate), Adán Augusto López (Chamber of Deputies).
Federal Cabinet Officials: Mario Delgado (Secretary of Public Education), Clara Luz Flores (Interior Ministry – Religious Affairs), Manuel Bartlett Díaz (former head of CFE).
Military Figures: Four generals, active or retired, all with backgrounds in tactical intelligence, anti-drug logistics, or joint U.S.-Mexico operations.
At the municipal level, identified cases include:
Eduardo Gattás, Mayor of Ciudad Victoria, linked to illegal campaign financing through the Carmona clan.
Erasmo González, of Ciudad Madero, investigated for public contract money laundering.
Cruz Pérez Cuéllar, of Ciudad Juárez, suspected of involvement in human trafficking to El Paso, Texas.
César Iván Sandoval, of San Luis Río Colorado, allegedly involved in arms and fuel smuggling operations.
Direct sources indicate that the former Baja California Attorney General submitted documents and sworn statements to U.S. authorities regarding Carlos Torres and other financial operators of Governor Ávila. Ruiz Hernández, who resigned in 2021 after receiving threats allegedly coordinated from the governor’s office, is currently outside the country. He is joined in this collaboration by Senator Jaime Bonilla Valdez, also a former governor and U.S. citizen, who has made public statements and filed complaints with federal offices in Washington, D.C.
Regarding illegal financing operations, available information links at least 15 of the 44 listed individuals to illicit funds stemming from tax fuel smuggling (“huachicol fiscal”) from Texas. These operations were led by Sergio Carmona Angulo, a businessman assassinated in 2021 in Nuevo León, considered by U.S. agencies as the main financier of Morena’s electoral machinery in northeastern Mexico, including Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, and Coahuila.
The seriousness of these developments transcends foreign relations and constitutes a national security emergency due to its direct impact on:
Political stability in key states where criminal networks influence local governments.
Institutional integrity in justice and security agencies, with high-ranking officials implicated.
Risk of internal fragmentation within the ruling party due to perceived selective exposure.
Potential indirect interference in federal or local elections through diplomatic pressure, leaks, or immigration sanctions.
Escalation of rhetoric justifying unilateral military actions under the pretext of fighting foreign terrorist organizations.
Mexican President Claudia Sheinbaum publicly confirmed that her May 1st conversation with President Donald Trump was tense and included demands deemed “unacceptable,” among them the presence of U.S. military forces in Mexican territory and the handover of Mexican politicians with alleged criminal ties.
Con base en reportes cruzados de inteligencia, cooperación interinstitucional y análisis de fuentes clasificadas en el ámbito bilateral, se confirma la existencia y reciente activación de una herramienta operativa del gobierno de los Estados Unidos, denominada informalmente como la “Lista Marco”, en referencia a su arquitecto principal, el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Esta lista integra a 44 actores políticos, administrativos y militares mexicanos, en funciones o retiro, identificados por agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas como presuntos colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones delictivas transnacionales, particularmente los principales cárteles de droga mexicanos y redes paralelas de contrabando fiscal, energético y financiero.
La “Lista Marco” no forma parte de ningún acuerdo de cooperación binacional suscrito con México. Su existencia está fundamentada en instrumentos jurídicos de seguridad interior estadounidenses, como la Ley Patriótica (Patriot Act), la Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y el marco legal de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). La lista opera de manera discrecional bajo la conducción táctica del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Homeland Security Investigations (HSI), DEA, FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo cual le otorga capacidad de ejecución inmediata, sin necesidad de cooperación judicial con México.
Las medidas derivadas de esta lista incluyen:
Cancelación inmediata de visas personales, diplomáticas o de negocios, incluyendo familiares directos de los señalados.
Interrogatorios prolongados y retención administrativa en puntos de ingreso a EE. UU.
Congelamiento preventivo de cuentas, propiedades y operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense y aliados.
Notificaciones confidenciales al Gobierno de México bajo los Acuerdos de Cooperación en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera.
Inhabilitación futura para participar en operaciones económicas con instituciones con sede en EE. UU.
Los primeros efectos tangibles de esta política se observaron en la cancelación de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, el empresario Carlos Torres, señalado por operar redes de financiamiento político vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por su presunta participación en esquemas de lavado de activos a través de licitaciones públicas, contratos de infraestructura y triangulación de recursos en Baja California, Sinaloa y Sonora.
Posteriormente, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue interceptado junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville, Texas, y sometido a un interrogatorio de más de 14 horas. Todos fueron notificados formalmente de la revocación de sus visas, bajo la acusación de colaborar con una estructura municipal considerada “entidad asociada a organización terrorista extranjera”. Dicha calificación se atribuye al presunto control del Cártel del Golfo sobre diversas áreas del ayuntamiento, incluida la policía local, la dirección de obras públicas y el manejo de recursos sociales.
El patrón de sanciones sugiere una ejecución progresiva y selectiva sobre actores vinculados principalmente con el partido político en el poder (Morena), aunque también figuran perfiles de otras corrientes partidistas con presencia regional.
Entre los nombres más relevantes que integran la “Lista Marco” se encuentran:
Gobernadores activos: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León).
Exgobernadores y líderes del Congreso: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado), Adán Augusto López (Diputados).
Funcionarios del gabinete federal: Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública), Clara Luz Flores (Secretaría de Gobernación – Asuntos Religiosos), Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE).
Militares señalados: Cuatro generales en situación de retiro o activo, todos con antecedentes en inteligencia táctica, logística antidrogas o despliegues en operativos conjuntos México-EUA.
A nivel municipal, se identifican casos como:
Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, vinculado al financiamiento ilegal de campañas a través del clan Carmona.
Erasmo González, de Ciudad Madero, investigado por manejo de contratos públicos para lavado de activos.
Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, por presuntos vínculos con redes de tráfico humano hacia El Paso, Texas.
César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, por supuesta participación en operaciones de trasiego de armas y combustible ilegal.
Fuentes directas indican que el exfiscal general de Baja California, habría entregado documentación y declaraciones juradas ante autoridades estadounidenses sobre las actividades de Carlos Torres y otros operadores financieros de la gobernadora Ávila. Ruiz Hernández, quien fue obligado a dimitir en 2021 tras amenazas presuntamente coordinadas desde la oficina del Ejecutivo estatal, se encuentra actualmente fuera del país. A esta colaboración se suma la del senador Jaime Bonilla Valdez, también exgobernador y ciudadano estadounidense, quien ha intervenido con declaraciones públicas y denuncias presentadas ante oficinas federales en Washington, D.C.
En cuanto a las operaciones de financiamiento ilegal, la información disponible vincula a al menos 15 de los 44 perfiles enlistados con aportaciones económicas de origen ilícito relacionadas con el “huachicol fiscal” y contrabando transfronterizo de gasolina desde Texas. Estas operaciones fueron encabezadas por Sergio Carmona Angulo, empresario asesinado en 2021 en Nuevo León, a quien las agencias estadounidenses consideran principal mecenas financiero del aparato electoral de Morena en el noreste del país, incluyendo Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Coahuila.
La gravedad de estos acontecimientos excede el ámbito de relaciones exteriores y se posiciona como una emergencia en materia de seguridad nacional, por su impacto directo en:
Estabilidad política en estados clave donde operan redes criminales con influencia en gobiernos locales.
Coherencia institucional del aparato de justicia y seguridad, al ser señalados funcionarios de alto rango.
Riesgo de fragmentación interna en el partido gobernante, ante la percepción de exposición selectiva.
Potencial de intervención indirecta en procesos electorales federales o locales, mediante presión diplomática, filtraciones o cancelaciones de derechos migratorios.
Escalada en el discurso de legitimación de acciones militares unilaterales, bajo el pretexto de combate a organizaciones terroristas extranjeras.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado públicamente que la conversación sostenida el 1 de mayo con el presidente Donald Trump fue de tono tenso y con exigencias consideradas “inaceptables”, entre ellas la presencia de fuerzas militares ok estadounidenses en territorio mexicano y la entrega de políticos mexicanos con presuntos vínculos criminales.
Ojalá y terminen todos esos personajes en la cárcel y sobre todo AMLO que es el principal responsable de toda este narco gobierno.
Estoy de acuerdo. Ojalá detengan y procesen da todos los cuatroteros