Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, respondió este lunes a la embestida del gobierno mexicano. En entrevista con Proceso, el jurista ecuatoriano fue claro: el informe no se limita al periodo 2009-2017, sino que cubre de 2012 a la fecha e incluye datos actualizados, como los más de 132 mil desaparecidos hasta febrero de 2026. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, sentenció Albán, en alusión directa al posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores que calificó el documento como “sesgado” y “sin rigor metodológico”.
El presidente del Comité defendió el trabajo de su equipo y aseguró que la investigación se basa en fuentes gubernamentales, informes de organismos de derechos humanos y testimonios de víctimas. Además, aclaró que sí se tomaron en cuenta los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana. Sin embargo, advirtió que “los esfuerzos, aunque loables, han resultado insuficientes ante la magnitud de la crisis”. Albán también respondió a la acusación de que el informe no distingue entre desaparición forzada por el Estado y desaparición cometida por particulares: “Esa distinción está en el informe desde la página 12”, dijo con paciencia de maestro.
La respuesta del Comité dejó en evidencia la fragilidad de la estrategia oficial. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que “el Estado no reprime ni desaparece”, Albán recordó que el informe encontró “indicios fundados” de participación de servidores públicos en casos recientes, así como omisiones graves en la investigación y sanción de estos crímenes. “No estamos diciendo que haya una política de Estado, pero sí hay patrones que preocupan”, puntualizó.
El intercambio ya no es diplomático: es político. El gobierno mexicano apostó por la descalificación frontal para desactivar la incomodidad de un informe que lo coloca frente al espejo. Pero la ONU no se arrugó. Albán cerró con una frase que debería resonar en Palacio Nacional: “La cooperación internacional no es una intromisión, es un derecho de las víctimas”. Y mientras las madres buscadoras sigan encontrando fosas, ese derecho seguirá siendo más poderoso que cualquier comunicado oficial.
Fuente:
Por Juan Pedro Patiño Moreno
La Sexta Nota
Guadalupe Acosta Naranjo
@acostanaranjo
·
22h
¡IMPORTANTE!
Difundamos la postura de
@JuanPablo_Alban
, titular del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Es una respuesta contundente y equilibrada frente a la manifestada por el gobierno de México.
Es valioso que la lea el mayor número de personas posible.
RT.
Juan Pablo Albán
@JuanPablo_Alban
En el debate público reciente sobre la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada #CED
@UNTreatyBodies
bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, considero importante aportar algunas precisiones, con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México:
1. Los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas.
Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento.
Aquí se explica qué somos:
https://
ohchr.org/es/treaty-bodi
es
Aquí se explica qué hacemos:
https://
ohchr.org/es/treaty-bodi
es/monitoring-core-international-human-rights-treaties
2. Los integrantes de los órganos de tratado somos elegidos por los propios Estados partes.
Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas.
Aquí se explica cómo somos elegidos:
https://
ohchr.org/es/treaty-bodi
es/elections-treaty-body-members
3. El artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento.
Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede:
“[…] llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General”.
Nuestra decisión publicada el pasado jueves no es una remisión o informe dirigido al
@OACNUDH
, sino al máximo órgano deliberante de la ONU.
4. El análisis del #CED no se limita a un periodo cerrado.
La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo.
Por ejemplo, se señala expresamente: (párr. 97) “[…] el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 132.400 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
(párr. 100) “[…] a inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar (en comparación con 52.000 en el momento de la visita del Comité en 2021)”.
Aquí el texto completo de nuestra decisión:
https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/tr
eatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2FMEX%2FA.34%2FD%2F1&Lang=en
5. El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable.
Las diferencias jurídicas —e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse— son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el #CED y los Estados parte.
Sin embargo, es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de DDHH y sus integrantes, en línea con el principio 5 de las Directrices de Addis Abeba sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos:
https://
docs.un.org/es/A/67/222
“El principio de independencia requiere que los miembros […] no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales ni de ningún otro Estado o de sus organismos”.
Los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición, y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias.
