Integrantes del Concejo de Abuelos y autoridades tradicionales del pueblo otomí Hñähñu de San Miguel Detzani, hoy Benito Juárez, Zimapán, Hidalgo, se manifestaron este miércoles 23 de septiembre frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la libertad de integrantes de su comunidad procesados después del conflicto con una empresa minera. La protesta colocó en el centro una cuestión de fondo: los derechos de los pueblos originarios sobre su territorio y el reconocimiento de sus propios sistemas normativos.
Lo que hasta ayer era una convocatoria se convirtió hoy en una protesta pública frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Integrantes del pueblo otomí Hñähñu de Zimapán, Hidalgo, llegaron a la Ciudad de México para hacer visible el conflicto que mantienen por la explotación minera dentro del territorio del Ejido San Miguel Detzani, hoy Benito Juárez.
En las imágenes de la movilización puede observarse a integrantes de la comunidad reunidos frente a una gran manta encabezada en lengua Hñähñu y español, en la que se identifica al “Concejo de Abuelos” y se reivindica expresamente su “Sistema Normativo Propio de Usos y Costumbres”.
Otra inscripción resume el carácter de la concentración: “Asamblea Pública”.
La protesta constituye el siguiente capítulo de un conflicto que escaló después de que miembros de la comunidad impidieran, el pasado 6 de marzo, la salida de camiones cargados de mineral de terrenos que consideran parte de su territorio ejidal y ancestral.
Según el comunicado difundido por la propia comunidad, los ejidatarios buscaban que los vehículos y el mineral transportado fueran auditados para determinar qué se estaba extrayendo de sus tierras y bajo qué condiciones. La posición de la comunidad quedó condensada desde entonces en una frase:
“Aquí no hubo robo, porque nadie roba en su propia casa”.
El comunicado sostiene que los acontecimientos ocurrieron dentro del territorio del ejido y que no existió intención de apropiarse de bienes ajenos. La empresa minera, en cambio, denunció los hechos como robo. Como consecuencia del proceso penal, Ramón Ramos Alamilla y Martín Reséndiz Ramírez, identificados por la comunidad como autoridades tradicionales, permanecen privados de su libertad y otros integrantes enfrentan acusaciones relacionadas con los hechos.
De Zimapán a la Suprema Corte
La manifestación de este miércoles buscó trasladar el conflicto desde Zimapán hasta uno de los principales espacios simbólicos de la justicia mexicana.
Los participantes no acudieron solamente como ejidatarios afectados por una controversia minera. Lo hicieron reivindicándose como integrantes de un pueblo originario que posee sus propias autoridades, organización comunitaria, usos y costumbres y un sistema normativo que consideran reconocido por la Constitución mexicana.
El planteamiento aparece claramente en las mantas desplegadas durante la protesta: Concejo de Abuelos, sistema normativo propio, usos y costumbres, pueblo otomí Hñähñu y San Miguel Detzani.
Ese elemento resulta fundamental para comprender el caso.
La comunidad sostiene que el conflicto no puede analizarse exclusivamente mediante el derecho penal ordinario, sino que debe considerarse también el artículo 2.º constitucional, los derechos de los pueblos indígenas y el pluralismo jurídico reconocido por el Estado mexicano. Ese argumento ya había sido formulado expresamente en el comunicado previo a la movilización.
Una Resolución Comunitaria como eje de la defensa
Otro de los elementos centrales es la denominada Resolución Comunitaria por la Libertad, surgida de la Asamblea Comunitaria celebrada en Zimapán el pasado 13 de septiembre.
Mediante esa resolución, la comunidad sostiene, desde su propio sistema normativo, que no existe el delito imputado a Ramón Ramos Alamilla, Martín Reséndiz Ramírez y otros integrantes del pueblo, y demanda su libertad.
La resolución plantea además un segundo asunto: la reparación de los daños que la comunidad atribuye a la explotación y extracción minera sobre la tierra, la flora y la fauna.
La resolución comunitaria no sustituye por sí misma las decisiones que correspondan a las autoridades judiciales dentro del proceso penal. Precisamente una de las demandas de los manifestantes es que el Juez de Control la tenga a la vista y determine el alcance jurídico que corresponda al revisar las medidas cautelares.
Los camiones ya salieron; los dirigentes siguen presos
Hay un hecho que la comunidad coloca en el centro de su denuncia.
De acuerdo con su comunicado, el 29 de julio representantes de la empresa ingresaron al territorio acompañados por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y elementos de la fuerza pública para retirar los camiones que habían permanecido en el lugar.
Los vehículos fueron retirados.
Pero los integrantes de la comunidad sujetos al proceso penal continuaron privados de su libertad.
Para los ejidatarios, esa circunstancia simboliza la desigualdad que denuncian: los camiones recuperaron su libertad; sus dirigentes, no.
Cuatro demandas
La movilización realizada hoy mantiene esencialmente las cuatro exigencias formuladas previamente por la comunidad:
- La libertad de Ramón Ramos Alamilla, Martín Reséndiz Ramírez y los demás integrantes de la comunidad involucrados en el proceso.
- Que el Juez de Control conozca y valore la Resolución Comunitaria al revisar las medidas cautelares.
- La restitución y reparación de los daños que la comunidad atribuye a la actividad minera sobre la tierra, la flora y la fauna.
- Una revisión imparcial de la actuación de las autoridades por parte de la Federación y de organismos de derechos humanos.
Un conflicto que rebasa a una mina
La manifestación realizada hoy frente a la Suprema Corte convierte el caso de Zimapán en algo más que una disputa entre una empresa y un ejido.
Plantea un problema jurídico, social y territorial de mayor alcance:
¿Qué ocurre cuando el derecho penal ordinario, los derechos agrarios, una explotación minera y el sistema normativo de un pueblo indígena entran en conflicto?
¿Hasta dónde llega la capacidad de una comunidad indígena para vigilar lo que se extrae de su territorio?
¿Qué valor deben tener sus decisiones comunitarias?
¿Y cómo deben armonizarse esos derechos con los contratos, concesiones, derechos de terceros y procedimientos establecidos por el Estado mexicano?
Son preguntas que no se resuelven con una consigna y cuya respuesta final corresponderá a las autoridades competentes.
Pero este miércoles 23 de septiembre los integrantes del pueblo otomí Hñähñu de Zimapán consiguieron trasladar esas preguntas desde su comunidad en Hidalgo hasta el corazón del sistema judicial mexicano.
Y lo hicieron bajo una frase que se ha convertido en la bandera de su movimiento:
“Nadie roba en su propia casa”.
Foto y videos: protesta y Asamblea Pública del Concejo de Abuelos del pueblo otomí Hñähñu de San Miguel Detzani, hoy Benito Juárez, Zimapán, Hidalgo, realizada este 23 de septiembre de 2026 frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México.
En el Campamento de la Resistencia Civil MX.
