El 19 de julio de 2026, durante la conmemoración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega pronunció una frase que marca un punto de ruptura en la historia política de Nicaragua:
“Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
No se trató únicamente de una expresión improvisada. Ortega anunció que trabajaría con la Asamblea Nacional —controlada por el Frente Sandinista— para construir un “muro” legislativo contra los partidos que califica como “golpistas”, “vendepatrias” o instrumentos de Estados Unidos.
La frase contiene la esencia del problema: para Ortega, una elección sólo es legítima mientras no permita que sus adversarios ganen. La competencia política deja de ser un derecho ciudadano y se convierte, en su razonamiento, en una conspiración extranjera.
Sin embargo, conviene hacer una precisión factual. Al momento de escribir estas líneas, Nicaragua no había abolido todavía las elecciones mediante una ley vigente. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que la reforma sería presentada y sometida a votación durante la primera semana de agosto de 2026, con una segunda aprobación constitucional prevista para enero de 2027.
El propio discurso oficial mantiene una contradicción reveladora. Porras habla de organizar elecciones “limpias”, “transparentes” y “nacionales”, pero concluye: “Nunca más elecciones al servicio del imperialismo”. Esto permite anticipar que el régimen podría no eliminar físicamente las urnas, sino algo más importante: la posibilidad real de alternancia. Podría haber votaciones, candidatos autorizados y resultados anunciados, pero no una competencia en la que el poder pueda perder.
Lo que dijo Claudia Sheinbaum
El 27 de julio, durante su conferencia matutina, la presidenta de México respondió:
“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua”.
Y agregó que México “siempre” está de acuerdo con la democracia “en todos sus términos”.
La respuesta de Sheinbaum no constituye un respaldo explícito a la cancelación de elecciones, pero tampoco representa una condena. Su gobierno se refugia en dos principios tradicionales de la diplomacia mexicana: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
El problema está en la identificación implícita entre lo que decide el gobierno de Nicaragua y lo que decide el pueblo nicaragüense.
Ortega y Murillo no consultaron al pueblo para saber si desea renunciar a su derecho de elegir. La decisión procede del Ejecutivo, será procesada por un Congreso dominado por el oficialismo y aplicada por instituciones subordinadas al mismo poder. Presentarla como expresión automática de la autodeterminación popular invierte el significado del concepto.
La autodeterminación pertenece a los pueblos, no a los gobernantes. Precisamente las elecciones libres, periódicas y competitivas son uno de los mecanismos mediante los cuales puede comprobarse lo que una sociedad decide. Cuando el gobierno impide que los ciudadanos escojan entre alternativas reales, no está protegiendo la autodeterminación: está sustituyendo la voluntad popular por la voluntad del poder.
Existe, además, una omisión importante en la respuesta mexicana. El artículo 89, fracción X, de la Constitución obliga al Ejecutivo a conducir la política exterior conforme a la autodeterminación y la no intervención, pero también conforme al respeto, protección y promoción de los derechos humanos. No son principios excluyentes; deben interpretarse conjuntamente.
Por ello, México podía rechazar cualquier intervención militar, injerencia coercitiva o intento extranjero de imponer un gobierno y, al mismo tiempo, defender inequívocamente el derecho de los nicaragüenses a votar, organizarse y competir políticamente. Condenar la supresión de derechos electorales no equivale necesariamente a intervenir en los asuntos internos de otro Estado.
De la democracia controlada al poder sin alternancia
Nicaragua llevaba años transitando hacia un régimen cada vez más cerrado. Las elecciones de 2021 se celebraron después del encarcelamiento, inhabilitación o exilio de figuras capaces de competir con Ortega. La reforma constitucional que entró en vigor en 2025 creó la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y profundizó la subordinación de los demás órganos del Estado.
El anuncio de julio de 2026 representa, sin embargo, un cambio cualitativo. Ya no se trata sólo de controlar una elección, limitar la observación internacional o neutralizar candidatos: se trata de declarar que el oficialismo posee un derecho permanente al poder y que cualquier posibilidad de sustituirlo constituye una amenaza contra la nación.
Ésa es la lógica característica de los regímenes de partido hegemónico: el gobierno deja de concebirse como una administración temporal y comienza a presentarse como la encarnación exclusiva del pueblo, de la patria y de la revolución.
Las implicaciones para Nicaragua
1. Desaparición de la alternancia
La consecuencia inmediata será la cancelación práctica del principio de alternancia. Aunque continúen existiendo procesos llamados “electorales”, éstos dejarán de funcionar como un mecanismo para sustituir pacíficamente a los gobernantes.
Cuando un régimen afirma de antemano que determinados partidos jamás podrán ganar, el resultado deja de depender de los electores. La elección se convierte en ratificación, movilización partidista o ceremonia de legitimación.
2. Consolidación de un régimen familiar
La copresidencia Ortega-Murillo y la eliminación de una sucesión competitiva fortalecen la posibilidad de una continuidad familiar o dinástica. La pregunta ya no sería quién gana una elección, sino quién será designado dentro del círculo gobernante para preservar el sistema.
Esto puede producir estabilidad aparente en el corto plazo, pero aumenta la fragilidad futura. Los regímenes altamente personalizados suelen enfrentar dificultades cuando desaparece el dirigente fundador: surgen disputas entre familiares, fuerzas armadas, aparato partidista, policía y grupos económicos vinculados al poder.
3. Mayor persecución y exilio
Para hacer efectiva la exclusión política será necesario definir jurídicamente quién es “traidor”, “golpista”, “vendepatria” o agente extranjero. Esas categorías pueden utilizarse contra opositores, periodistas, organizaciones civiles, empresarios, religiosos, estudiantes e incluso antiguos dirigentes sandinistas.
La ONU ha advertido que Nicaragua ya padece una profunda erosión del espacio cívico y político, así como persecuciones que se extienden más allá de sus fronteras. El organismo recordó que los ciudadanos deben poder participar libremente en elecciones que expresen auténticamente la voluntad del electorado.
El cierre absoluto de la vía electoral probablemente incrementará el exilio y la pérdida de capital humano. Cuando una sociedad no puede cambiar a sus autoridades mediante el voto, sus ciudadanos quedan ante tres alternativas: adaptarse, emigrar o confrontar al régimen mediante vías cada vez más riesgosas.
4. Riesgo económico, pero no colapso inmediato
No debe suponerse que Nicaragua sufrirá automáticamente una crisis económica inmediata. El Fondo Monetario Internacional reconoció que la economía había mostrado resiliencia y proyectó un crecimiento real de aproximadamente 3.4% para 2026, apoyado por exportaciones, inversión pública y remesas.
Pero el propio FMI señaló riesgos derivados de sanciones internacionales más amplias, cambios en las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos, menor crecimiento mundial y caída de las remesas.
El endurecimiento político puede reducir la inversión privada, elevar el riesgo país, aumentar la dependencia de China, Rusia y otros aliados, y complicar las relaciones comerciales con Estados Unidos y Europa. El efecto probablemente será gradual: menos oportunidades, mayor emigración, dependencia creciente de las remesas y debilitamiento institucional de largo plazo.
5. Aislamiento diplomático
La medida colocará a Nicaragua en una categoría distinta incluso dentro de los regímenes autoritarios latinoamericanos. Muchos gobiernos toleran elecciones manipuladas; pocos proclaman abiertamente que la oposición jamás podrá alcanzar el poder.
Las condenas internacionales, sanciones selectivas y restricciones financieras probablemente aumentarán. No obstante, la presión exterior también será utilizada por Ortega para reforzar su narrativa: cualquier crítica será presentada como prueba de una conspiración imperialista.
6. Un problema para la diplomacia mexicana
La postura de Sheinbaum permite a México conservar relaciones con Managua y presentarse como defensor de la soberanía. Pero también debilita su autoridad cuando invoque la democracia o los derechos humanos en otros países.
La pregunta inevitable es: ¿cómo puede decirse que se respeta “lo que decida el pueblo” cuando precisamente se está suprimiendo el mecanismo mediante el cual ese pueblo puede decidir?
La no intervención no obliga al silencio moral ni a la ambigüedad jurídica. México podría haber formulado una posición equilibrada: respeto irrestricto a la soberanía nicaragüense, rechazo a cualquier intervención extranjera y defensa simultánea del derecho de los ciudadanos a elecciones auténticas.
Conclusión
Las palabras de Daniel Ortega no son únicamente una amenaza contra la oposición. Constituyen una redefinición del Estado nicaragüense: el poder ya no se considera sujeto al voto, sino propietario de la nación.
La respuesta de Claudia Sheinbaum, por su parte, revela una tensión no resuelta entre la tradición mexicana de no intervención y la obligación de defender los derechos humanos. Al atribuir al “pueblo de Nicaragua” una decisión adoptada desde el poder, corre el riesgo de confundir soberanía nacional con inmunidad gubernamental.
Un pueblo puede elegir libremente a sus gobernantes. Lo que no puede llamarse autodeterminación es que los gobernantes decidan que el pueblo ya no podrá elegirlos ni sustituirlos.
El gobierno no es el pueblo. Las elecciones son precisamente el procedimiento para saber qué quiere el pueblo.
