Así lo da a conocer Simón Levy, ex funcionario de Morena, quien también acaba de dar a conocer que ya se inició el juicio penal contra AMLO en Nueva York. Acusan al ex presidente Andrés Manuel López Obrador de haber recibido dinero de tres carteles del narcotráfico para sus campañas electorales.
Documento
La Hora Cero de la Reforma Judicial en México
Por Simón Levy
México está al borde de una transformación silenciosa pero monumental. La reforma judicial, lejos de representar una mejora estructural, se ha convertido en un espejo roto que refleja lo más profundo del desaseo institucional: impunidad, infiltración criminal y complicidad sistémica. Para los empresarios, significa operar en un entorno donde la justicia es un comodín político; para la sociedad, vivir bajo un régimen donde los jueces que deberían proteger al ciudadano, terminan doblegados por el crimen o por los intereses del poder. Pero lo que está por venir es mucho más grande que una reforma fallida: es una intervención tecnológica y jurídica binacional sin precedentes, que cambiará para siempre la forma en que se imparte justicia en México.
Muchas personas, la gran mayoría, se preguntan con incertidumbre:
¿Qué va a pasar con la reforma judicial? Lo dicen en sus casas, en oficinas, en pasillos de poder y en sobremesas familiares.
Pero lo que pocos saben —y menos aún se atreven a decir en voz alta— es que la respuesta ya es estrategia, y no por quienes promueven la reforma, sino por quienes la vigilan desde afuera… y desde adentro.
Prepárate para conocer no una teoría, sino un escenario que ya está en marcha, y que cambiará para siempre la forma en que se imparte justicia en México.
Lo que sigue no es una opinión: es un hecho que marcará un antes y un después en la historia institucional del país.
Y lo más inquietante… es que ya comenzó.
I. Un Sistema Judicial Infiltrado: Cuando el Crimen se postula
Las cifras son alarmantes.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 93% de los delitos en México no se denuncian o no se investigan (la llamada cifra negra).
Pero lo que es más grave: investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la DEA han revelado que al menos 27 personas vinculadas con cárteles del narcotráfico han accedido a cargos dentro del sistema judicial o ministerial en los últimos 5 años, burlando los controles de confianza y buscan repetir en sus cargos.
La reforma judicial, en lugar de cerrar estos accesos, ha sido un campo fértil para postulados sin carrera judicial, sin certificación profesional, e incluso con antecedentes sospechosos. Basta revisar la lista que fue publicada recientemente sobre los nombres de postulados a jueces de distrito y magistrados, entre los que se encuentran la abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otras personas con vínculos comprobados o documentados con delincuentes organizados, incluyendo operadores financieros de cárteles y defensores de líderes criminales conocidos.
Más del 40% de los nuevos postulantes no ha cumplido con todos los exámenes de control patrimonial, de entorno social o historial judicial. La puerta está abierta y los filtros están rotos.
II. Estados Unidos activa el Modo Binacional
Frente al deterioro estructural, Estados Unidos ha dejado de ser un observador pasivo. Lo que se prepara, en colaboración con la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA) y el Departamento de Justicia (DOJ), es un sistema inviolable de administración y seguimiento en tiempo real de las carpetas de investigación judicial.
Este sistema operará con servidores espejo tanto en México como en EE.UU., y permitirá:
La codificación en blockchain de cada carpeta desde su apertura.
La identificación biométrica y auditada de cada fiscal, juez o agente involucrado.
Alertas automatizadas ante cualquier intento de modificación o extracción de datos.
Un canal de intercambio directo y encriptado entre fiscalías estatales y federales con agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.
El objetivo es impedir que las carpetas de investigación –donde se integran los delitos y se construyen los casos– puedan ser manipuladas o destruidas, como ha ocurrido en cientos de casos emblemáticos. El caso Ayotzinapa, por ejemplo, mostró cómo la alteración de evidencias y la fabricación de pruebas desmoronaron todo un proceso judicial.
Además de impedir la inviolabilidad de las carpetas, este sistema permitirá identificar las matrículas exactas de las armas utilizadas en actos delictivos, así como rastrear su origen: el lugar donde fueron adquiridas, las fechas en que fueron transportadas y los sitios donde se emplearon. Esto se logrará a través de la integración con bases de datos forenses balísticos, sistemas de trazabilidad de la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), e inteligencia compartida en tiempo real entre ambos países. Nunca antes en la historia se había tenido tal precisión técnica para enfrentar la violencia armada desde el origen logístico de las armas.
III. Más allá de la Reforma: La Cláusula de Seguridad del T-MEC
El detonador final será jurídico-comercial. Estados Unidos está considerando invocar la cláusula de Seguridad Nacional del T-MEC (Artículo 32.2), que le permitiría suspender o condicionar partes del tratado si considera que la corrupción judicial en México representa un riesgo para la seguridad fronteriza y la operación económica conjunta.
Esto implica:
La posible suspensión temporal de certificaciones para empresas mexicanas que operan con capital binacional si están vinculadas a procesos judiciales sin garantías.
La creación de un registro binacional de funcionarios judiciales sancionados por corrupción.
La auditoría internacional obligatoria de ciertos procesos judiciales relacionados con delitos financieros o narcotráfico.
IV. Trump y la Nulidad Electoral: presión sobre la Reforma Judicial Mexicana
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha comenzado a presionar en foros políticos y mediáticos para que se evalúe también la nulidad de la votación electoral que dio paso a la reforma judicial mexicana, alegando que la infiltración del narcotráfico en los mecanismos judiciales y electorales representa una amenaza regional.
Esta postura forma parte de una estrategia más amplia en la que Trump vincula el combate al crimen organizado transnacional con la necesidad de condicionar acuerdos bilaterales en materia de justicia y comercio.
Aunque se trata de una posición que aún no ha tomado forma oficial dentro de la política exterior de Estados Unidos, su narrativa comienza a calar hondo en sectores republicanos que promueven una mayor presión al punto de romper el TMEC con México bajo argumentos de seguridad nacional y combate al narcotráfico.
La reforma judicial mexicana, vista desde esa óptica, no solo carece de legitimidad interna, sino que comienza a ser cuestionada desde el exterior como una herramienta vulnerada por intereses criminales y que llevará a niveles de tensión no antes vistos.
El futuro de la Justicia no espera
México está entrando en una nueva era.
Una era donde la soberanía judicial ya no será sinónimo de impunidad interna.
Donde los jueces serán vigilados, auditados y medidos en tiempo real no solo por sus sentencias, sino por su integridad y transparencia.
Esta no es una invasión extranjera, es la consecuencia directa de una clase política y judicial que permitió que el crimen organizado se sentara en la mesa de la justicia.
Para los empresarios, esto implica preparar sus estructuras legales con estándares internacionales. Para los ciudadanos, comprender que ya no basta con exigir justicia: ahora deben exigir también tecnología, transparencia y cooperación internacional.
Lo que se avecina no es solo una reforma judicial: es una reconfiguración del sistema de justicia mexicano, con el ojo de Washington observando cada movimiento y te adelanto que nada está escrito aún.
O integración jurídica y aduanera norteamericana o México aislado del futuro.
La hora cero ha comenzado.
Referencias de datos:
INEGI – Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023):
Caso de postulados vinculados al narcotráfico – Reforma (abogada del Chapo propuesta como jueza):
https://reforma.com/abogada-del-chapo-postulada-como-jueza (requiere suscripción)
ATF – Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – Datos sobre rastreo de armas:
CISA – Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (ciberseguridad y sistemas judiciales):
Informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa – Gobierno de México (2023):
T-MEC – Capítulo 32: Disposiciones excepcionales (Cláusula de Seguridad Nacional):
Que se los lleven a todos los de morena desde presidentes municipales, gobernadores, diputados locales y federales, senadores, presiente de la república y secretarios de Estado, defensa y marina, GN, todos están cómplices con la delincuencia